Cuando el Estado dispara contra su pueblo: Memoria, impunidad y resistencia en el Perú.

Por Edith Zavala Condori

Edith Zavala, consultora de Entornos por el Buen Vivir, plantea una observación a la coyuntura nacional que engloba a las últimas protestas sociales vividas en el Perú desde el 2022, además de explicar la naturaleza del descontento social que arrastramos como país.

"La impunidad no es un fallo del sistema; es su funcionamiento normal.

Y mientras persista, las heridas no sanarán. No porque falten ceremonias oficiales o monumentos simbólicos, sino porque no se ha hecho justicia real."

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El Perú arrastra una historia tejida con hilos de violencia, exclusión y promesas incumplidas. A lo largo de décadas, los conflictos sociales han dejado heridas profundas en el cuerpo colectivo, heridas que, lejos de cicatrizar mediante procesos genuinos de justicia transicional, son cubiertas por discursos que criminalizan la protesta y la transforman en un sacrificio necesario. En este contexto perverso, la frase heroica de Francisco Bolognesi, “hasta quemar el último cartucho”, ya no evoca el honor frente al enemigo externo, por el contrario, se invoca para justificar la muerte de quienes, en pleno ejercicio de un derecho fundamental, son abatidos por quienes juraron protegerlos. 

Las protestas sociales no son fenómenos homogéneos: algunas logran articular demandas amplias; otras terminan en desencuentros que revelan más fracturas que consensos. Pero todas comparten un núcleo ético y político ineludible: son expresiones legítimas de malestar ante un orden percibido como injusto y/o impuesto. Aunque la Constitución Política del Perú no aborda explícitamente el derecho a la protesta, este emerge con fuerza del principio numerus apertus (Art. 3) y se articula con los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. A nivel internacional, su reconocimiento es inequívoco. 

Entonces, ¿fueron las muertes en vano? ¿Se pudieron evitar? La verdadera pregunta, urgente y necesaria, sería por qué perecen aquellas personas que, en ejercicio de sus derechos, son asesinadas por un Estado que debió cuidarlas. Porque el fin supremo del Estado —y de toda sociedad democrática— es la protección de la dignidad humana, y en esa dignidad reside, antes que nada, la vida. 

Justicia postergada: la impunidad como política del Estado

La justicia transicional no es un lujo reservado a sociedades que emergen de dictaduras o guerras civiles. Como señala Kathryn Sikkink y Hum Joon Kim (2013), es un mecanismo vital en cualquier democracia que enfrenta patrones recurrentes de violencia estatal contra poblaciones vulnerables. No obstante, en el caso peruano, la experiencia ha sido de impunidad estructural. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) documentó más de 69 000 muertes entre 1980 y 2000, siendo una de sus recomendaciones la implementación de reformas institucionales necesarias para hacer real el Estado de Derecho y prevenir la violencia. Sin embargo, estas fueron ignoradas, dejando un precedente de inacción.

Más de dos décadas después, la historia se repite con escalofriante precisión. En julio de 2024, la Fiscalía solicitó archivar la investigación contra la expresidenta Dina Boluarte por “falta de indicios”, mientras acusaba a manifestantes de terrorismo. Esta justicia asimétrica refuerza la idea de que ciertas vidas valen menos que otras y que ciertas responsabilidades son blindadas por el poder.

El golpe definitivo llegó el 05 de enero de 2026, cuando el fiscal interino Tomás Gálvez disolvió cuatro Equipos Especiales del Ministerio Público, uno de ellos creado para investigar las masacres de 2022-2023. Aunque aseguró que las 54 investigaciones continuarían, la medida es un retroceso estructural. El ataque más grave provino del Congreso de la República y del Ejecutivo, cuando se promulgó la Ley N° 32419 que otorga amnistía a militares, policías y funcionarios procesados o condenados en casos de lucha contra el terrorismo. Expertos de la ONU la han calificado como una “legislación [que] impediría el procesamiento penal y la condena de individuos que cometieron graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno del Perú”. Con ello, el Ejecutivo legaliza la impunidad por violencia estatal contra manifestantes sociales, ya que esta ley está siendo usada en casos de protestas recientes. 

La impunidad no es un fallo del sistema; es su funcionamiento normal. Y mientras persista, las heridas no sanarán. No porque falten ceremonias oficiales o monumentos simbólicos, sino porque no se ha hecho justicia real. Esta realidad evidencia que el Estado, lejos de ser un ente abstracto compuesto por individuos, opera con una lógica estructural que invita a cuestionar:

¿Protege por igual a todos sus ciudadanos o neutraliza a los sectores rurales, indígenas y pobres como amenazas?

En palabras de Aníbal Quijano, el colonialismo no acabó con la independencia, sino que se reconfiguró en las estructuras del poder moderno. Así, las masacres recientes no son retrocesos aislados, sino manifestaciones contemporáneas de esa lógica colonial que jerarquiza a la población: de un lado, el ciudadano de primera clase (sujeto político con derechos plenos); del otro, el ciudadano de segunda clase (reducido a un objeto desechable). 

Más allá del sacrificio construyamos una democracia que escuche

Honrar a las víctimas no significa convertirlas en mártires de una causa abstracta, sino preguntarnos qué falló para que sus voces no fueran escuchadas antes de que tuvieran que gritar en las calles. Las protestas de 2022-2023 no se dirigieron solo contra un gobierno: cuestionaron un modelo de país que concentra el poder, la riqueza y la decisión en Lima, mientras relega al resto del territorio a la condición de proveedor de recursos y mano de obra. 

En ese contexto, calificar la movilización como mera irracionalidad desde perspectivas epistemológicas occidentales implica ignorar saberes construidos en territorios diversos. La racionalidad no es exclusiva del conocimiento académico; las comunidades y pueblos indígenas poseen racionalidades propias. Lo que para algunos parece irracional, para otros es una forma coherente de defender su territorio: así como la extracción minera afecta, para unos, solo recursos naturales —lagunas, ojos de agua, cerros o apus—, para otros daña a seres vivos o guardianes tutelares de su territorio. Por ende, las protestas encarnan, precisamente, una racionalidad colectiva frente a la indiferencia institucional. 

El desafío actual, por tanto, trasciende lo judicial: es profundamente político, cultural y epistémico. Nos obliga a repensar el significado mismo de seguridad: ¿acaso consiste en la ausencia de protesta o en la presencia efectiva de justicia? ¿Se mide por el control de las calles o por la capacidad del Estado para responder a las necesidades de todos sus ciudadanos? ¿Consiste en declarar estados de emergencia para combatir el crimen o derogar leyes procrimen? 

Esta transformación exige una autocrítica urgente desde la academia, los medios de comunicación y las élites urbanas. Es necesario romper las jerarquías coloniales que aún organizan nuestra nación: aquellas que distinguen entre ciudadanos de primera y de segunda categoría, entre centros y periferias, entre quienes hablan, deciden y mandan, y quienes solo deben obedecer y callar. Estas rupturas no son geográficas; son políticas, culturales y epistémicas. Y mientras persistan, cualquier intento de reconciliación nacional será superficial.

Por ello es fundamental afirmar que Puno es el Perú, al igual que miles de comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas que exigen ser escuchados por un Estado ausente y lejano. Un Estado que lejos de escuchar y ver la verdad, la censura. El documental Uyariy propone, precisamente, una re-lectura del país desde los sentires, memorias y voces históricamente silenciadas. Del mismo modo, la Marcha de Sacrificio, iniciada el 25 de enero de 2026 por los familiares de las víctimas de Juliaca, no debe reducirse a un acto local ni simbólico. Debe convertirse en un catalizador de un proceso nacional de integración donde las diversidades culturales, lingüísticas y territoriales se reconozcan no como romanticismos folclóricos, sino como realidades vivas, válidas y titulares plenas de derechos.

Solo así podremos construir una democracia que no se limite a tolerar la diferencia, sino que la reconozca como fundamento de la igualdad, la justicia y la libertad: una democracia sin jerarquías, sin exclusiones y sin silencios impuestos.

A manera de cierre: el verdadero último cartucho

El Perú no necesita héroes que mueran por la patria. Necesita instituciones que vivan por la justicia. Las masacres bajo el gobierno de Dina Boluarte —sin olvidar a muchas otras víctimas de gobiernos anteriores— no son un episodio vergonzoso que deba enterrarse, sino una advertencia urgente: mientras la democracia siga siendo un privilegio de unos pocos, la protesta seguirá siendo el lenguaje de muchos. 

No se trata de idealizar la movilización social —también puede ser ambigua, contradictoria e incluso violenta—, sino de recordar que, en ausencia de canales reales de participación, la calle se convierte en el último refugio de la dignidad. Y cuando el Estado responde a esa dignidad con balas, no solo mata cuerpos; destruye la posibilidad misma de un nosotros común.

Las heridas están abiertas, pero también las preguntas. Y tal vez, en esas preguntas, resida la semilla de una democracia más inclusiva, más humana y, sobre todo, más atenta a quienes han sido históricamente silenciados. Hasta entonces, seguiremos teniendo gobiernos que ejercen el poder en función de sus propios intereses, donde las necesidades de unos pocos prevalecen sobre las de la mayoría. Mientras eso ocurra, el Estado —personificado en sus representantes— seguirá quemando cartuchos contra su propio pueblo: no por la patria, sino contra ella.

Referencias bibliográficas

Sikkink, K. y Joon Kim, H. (2013).   The Justice Cascade: The Origins and Effectiveness of Prosecutions of Human Rights Violations. Annual Review of Law and Social Science, 9, 269-285. https://offices.mtholyoke.edu/sites/default/files/global/docs/Sikkink.pdf

Ubillus, L.  (17 de julio de 2025). Expertos de la ONU advierten que ley de amnistía aprobada por el Congreso «viola normas internacionales». LP-Pasión por el Derecho. https://lpderecho.pe/expertos-onu-advierten-ley-amnistia-aprobada-congreso-viola-normas-internacionales/

*La opinión expresada es personal a la autora y no representa la postura institucional de Entornos por el Buen vivir.