Ecosistemas altoandinos: ¿Qué se proponen para las elecciones próximas?

Por Carlos Herz

Carlos Herz, integrante de Entornos por el Buen Vivir comparte una reflexión del escenario político, económico y hasta moral, desde diversos ámbitos, (local, nacional y global), y que involucra a las comunidades campesinas de los ecosistemas altoandinos del sur, a menos de un mes de las elecciones generales 2026 y con miras a las elecciones regionales y municipales en octubre de este año.

“Si en el país se han ido reduciendo los espacios democráticos y de defensa de los derechos humanos, el entorno internacional ha devenido en sombrío y poco confiable…”

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La complejidad desde lo local hasta lo global

Los ecosistemas altoandinos forman parte de la compleja y desafiante realidad del escenario rural donde habitan, conviven y transforman creativamente cientos de miles de familias que constituyen el universo de la economía campesina, postergada por los diversos gobiernos, sin el reconocimiento que se merecen por su inconmensurable esfuerzo histórico de proteger esos territorios, de producir una buena parte de la despensa alimenticia nacional y de subsistir en condiciones de precariedad, territorios degradados, precios irrisorios a sus productos e indolencia estatal para satisfacer sus derechos básicos a servicios de salud, educación, comunicación, de calidad, entre otros. Por el contrario, esos gobiernos más bien han venido priorizando los sectores de agroexportación, como el eje de la dinámica rural, favoreciendo a reducidos grupos capitalistas quienes además de los buenos precios de sus productos en el mercado, se han ido beneficiando con diversos incentivos (tributarios, laborales, subsidios). Ello responde a la continuidad de un modelo de acumulación económica basado en el extractivismo, acompañado de un ejercicio de poder político que refuerza la inequidad y la desigualdad social. 

Junto a esta realidad y como parte de ellas, el escenario de los ecosistemas altoandinos se ve afectado por el incremento de las economías mineras informales e ilegales, cuyos límites no se pueden determinar con precisión más aún cuando durante una decena de años los actores de estas actividades no han cumplido con los procedimientos de formalización (el llamado REINFO), y lo han venido posponiendo persistente y conscientemente. La situación de fragilidad económica y productiva de las actividades agropecuarias de las comunidades campesinas andinas -incluyendo a las pastoriles y ganaderas de camélidos sudamericanos- conduce a un importante sector de familias rurales a la búsqueda de mecanismos de resiliencia económica frente a un Estado ausente o negligente, y lo más cercano y posible ha sido la incursión en las prácticas de esa pequeña minería que en muchos casos ya no solo se les puede llamar ilegal sino también hasta mediada por el movimiento de capital y tecnología que generan y la presencia de sectores financieros provenientes de lavados de dinero y de mafias delincuenciales que ahora cuenta con el beneplácito de los actores políticos y hasta forman parte de ellos, como se puede percibir en el congreso de la república o en quienes postulan a los nuevos curules para las elecciones del mes de abril de este 2026. No se puede dejar de mencionar el incremento de las inversiones de la gran minería en los territorios altoandinos y sus conocidos impactos sobre las comunidades rurales, y sus territorios, como parte de su práctica extractivista, actividades también muy vinculadas a las esferas actuales de poder político.

Este es el contexto actual en el que se ubican los ecosistemas y sus poblaciones altoandinas en un período electoral para elegir la presidencia y el congreso. Además, en medio de una severa crisis política, social, moral, en que representantes de las bandas de la mafia han capturado el poder del Estado y la mayoría de sus instituciones tutelares, en que lo escaso que había de Estado de Derecho está terminando por perderse, y en que el movimiento social también se ve afectado por esa crisis de representación y de organización, lo que se hace evidente en sus insuficientes movilizaciones y acciones de resistencia. 

Añadimos la situación internacional en que las fuerzas más retardatarias y oscurantistas del poder global ganan espacio con un país como Estados Unidos que ha optado por desconocer el derecho internacional y a sus organizaciones, que han venido poco a poco perdiendo legitimidad, como las Naciones Unidas y sus dependencias diversas, invadiendo e imponiéndose a la fuerza bruta sobre otros países y amenazando al resto del mundo cual gendarme represivo a través de diversas sanciones similares o económicas. Si en el país se han ido reduciendo los espacios democráticos y de defensa de los derechos humanos, el entorno internacional ha devenido en sombrío y poco confiable para intentar recurrir a sus tradicionales instancias que pudieran contribuir a frenar las arbitrariedades sociales, ambientales, laborales, culturales y económicos que impactan cada vez más contra las poblaciones más vulnerabilizadas.

Las actuales elecciones, lamentablemente, con el andamiaje jurídico que se han convocado,  están preparadas a la medida que garantice la continuidad del estilo de ejercer la política y de las representaciones mafiosas que están controlando el poder actual. Salvo situaciones excepcionales que impliquen una reacción ciudadana de rechazo a esos actores, y que permita el surgimiento de nuevas agrupaciones que no respondan a lo que se ha dado por llamar el pacto de la corrupción. Aun en ese escenario más expectante, los años venideros de gobierno y de congreso, así como de las demás instituciones tutelares no se presentan como halagüeños, sino que conllevarán exigentes esfuerzos de negociación, presión y movilización social. Y no hay que olvidar que complementariamente vendrán pronto las elecciones para autoridades regionales y municipales, en las cuales la escena no es mayormente distinta.

Soluciones urgentes

Y entonces, ¿qué hacer desde los actores locales y, en particular, de las poblaciones rurales que protegen y habitan los ecosistemas altoandinos para que la preocupante situación señalada pueda ser encarada con realismo, resistencia y mirada de futuro? Algunas ideas a manera de propuestas para compartir:

• El fortalecimiento de las organizaciones campesinas en su capacidad de movilización, para la defensa de sus ecosistemas y de los derechos fundamentales de las poblaciones. Incluye también un sostenido plan de desarrollo de capacidades que refuerce la formación, la elaboración de propuestas de cambio y la renovación de liderazgos. 

• La promoción de una campaña por la construcción de gobernanza territorial liderada por las organizaciones locales y sus autoridades y que se sostenga en la defensa de los ecosistemas altoandinos, el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y el beneficio equitativo para sus poblaciones.

• La construcción social de una propuesta de agenda de desarrollo rural para el campesinado en función de las capacidades y potencialidades existentes. En este caso nos referimos a Apurímac, sin perder la mirada a la macroregión sur como escenario mayor de actuación. Eso implica un esfuerzo de sólidas alianzas con otros actores institucionales como las universidades, las ONG, emprendimientos locales, entre otros, buscando el protagonismo de las comunidades campesinas. Dicha agenda debiera mostrar medidas concretas y de mediano plazo para la reactivación del agro y la ganadería de camélidos, la mejora de los suelos y la captación de agua, mejores precios para la producción local, la transformación de productos generados en el territorio, la lucha contra los efectos del cambio climático, entre otros.

• La generación de intensos mecanismos de diálogo y respuestas más consensuadas con las comunidades campesinas sobre la situación y presencia de las actividades mineras y los efectos sobre los territorios y la vida comunal. Lo más importante es que dichas actividades no devengan en mafias, bandas delincuenciales y mecanismos de poder local articulados a las tradicionales organizaciones políticas que detentan el poder. Frente a la presencia de la gran minería cuyas inversiones tienen la tendencia de incrementarse, se requiere construir una respuesta con capacidad de propuesta y de negociación frente a la defensa de los territorios, de los derechos campesinos, del aprovechamiento de la renta minera para el desarrollo local, en el marco de la construcción de gobernanza.

• En la medida de lo posible exigir a los candidatos y candidatas que respondan y atiendan las demandas de las comunidades campesinas altoandinas y asuman formalmente un compromiso que se traduzca en la dación de políticas y normas para la revitalización de la economía campesina, incluyendo la de las familias pastoriles de camélidos sudamericanos. Para ello el marco de la agenda de desarrollo rural es clave, al menos como idea general. Puede ser un saludo a la bandera como ha ocurrido muchas veces, pero hay que considerarlo como una herramienta para el control y la denuncia. Las elecciones generales están muy cerca y no se puede prever cuánto compromiso se puede generar con los candidatos y candidatas. Parece poco probable, pero hay que hacer el esfuerzo, al menos mediante reuniones públicas invitándolos y también a través de pronunciamientos que incluyan al menos  una posición clara: Invocación de no votar a favor del continuismo del pacto mafioso en el poder.

• Como un tema final, recordar que se vienen las elecciones municipales y regionales. Corresponden a los niveles de gobierno y de poder más cercanos a las poblaciones locales. Por lo mismo, habría que abrir el debate y diálogo sobre qué tipo de autoridades exigen las comunidades campesinas, y que se puedan dar las condiciones para contar con representaciones políticas más confiables, democráticas, comprometidas con la agenda de desarrollo y la gobernanza territorial antes señaladas. Las instituciones aliadas de las comunidades deberían ser firmes soportes para contribuir en ese diálogo y esfuerzo por contar con líderes y lideresas más afines a las demandas de la gente, honestos, transparentes, con actitud participativa, y con capacidad de formular y compartir propuestas de cambio. El escenario no es el mejor y hay que intentar algo diferente al menos en los niveles de gestión más local.

*La opinión expresada es personal al autor y no representa la postura institucional de Entornos

por el Buen vivir.