Territorios en disputa: Justicia climática y soberanía en la encrucijada electoral de 2026

Por Edith Zavala Condori, consultora de Entornos.

“Votar con criterio es asumir la responsabilidad de construir un Perú donde la economía sirva a la vida, garantizando que el progreso no sea sinónimo de destrucción, sino de continuidad y dignidad para todos”

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El 12 de abril de 2026, el Perú no solo renovará sus autoridades políticas, sino que definirá la capacidad del Estado para garantizar un futuro sostenible en un contexto crítico donde ya se ha perdido el 56% de su superficie glaciar (INAIGEM, 2023). Reducir esta elección a una mera disputa administrativa sería un grave error, pues bajo un discurso superficial de "sostenibilidad" se oculta una fractura ideológica profunda sobre quién decide el destino del agua y los bosques. La mayoría de las propuestas operan con una ceguera territorial que reduce los Andes y la Amazonía a simples depósitos de recursos, validando lo que Gudynas (2015) denomina extractivismo: una matriz de pensamiento que coloniza el territorio convierte la justicia climática en un trámite burocrático o greenwashing, e impone la lógica del mercado como única verdad. Esta dinámica, lejos de ser una negligencia aislada, invalida los saberes locales y consolida un marco legal que privilegia al inversor sobre el ciudadano, perpetuando así un modelo de desarrollo insostenible frente a la emergencia climática.

Radiografía del poder: una cartografía crítica de la oferta electoral

Para orientar un voto consciente, es necesario analizar las propuestas más allá de los eslóganes publicitarios. El siguiente cuadro sistematiza los planes de gobierno según el grado de cambio real que proponen en las reglas económicas y ambientales: desde ajustes superficiales que mantienen el statu quo, hasta reformas estructurales que reconocen derechos a la naturaleza y a las comunidades. Este criterio de profundidad nos permite distinguir no solo intenciones, sino impactos reales: no se trata de elegir el “mal menor”, sino de identificar qué proyecto de país es compatible con la vida y cuál refuerza la matriz colonial de explotación de recursos naturales. De este análisis se desprende una oferta electoral polarizada, atrapada entre el autoritarismo tecnocrático y el populismo asistencialista, que en su mayoría ignora la raíz ecológica de la crisis.

Tabla 1

Grados de compromiso con la justicia climática y la soberanía territorial:

Nota. La clasificación se basa en el análisis comparativo de los 36 planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el proceso 2026.

La trampa de la eficiencia: Desmantelamiento ambiental

e impunidad legislativa

El bloque de bajo compromiso, impulsado por fuerzas que proponen una reingeniería del Estado, busca "despolitizar" la gestión ambiental bajo el engañoso pretexto de la eficiencia. Al sugerir que organismos meramente "operativos" sustituyan al Ministerio del Ambiente (MINAM), estas propuestas no buscan optimizar procesos, sino subordinar la protección de los ecosistemas a criterios de rentabilidad inmediata (Defensoría del Pueblo, 2024). Esta reestructuración no es un hecho aislado; forma parte de un engranaje normativo específico que incluye decretos de "simplificación administrativa" para aprobar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sin rigor, modificaciones que debilitan la Ley de Consulta Previa e intentos recurrentes de flexibilizar la protección intangible de glaciares y cabeceras de cuenca. Todo ello se disfraza bajo la promesa de "reactivar la economía".

Históricamente, este enfoque tecnocrático en el Perú ha funcionado como un mecanismo para blindar las decisiones económicas del escrutinio democrático. En este contexto, la llamada "simplificación" de los EIA no constituye una mejora administrativa, sino la culminación de un proceso de exclusión sistemática. La gravedad de esta propuesta se agudiza frente a normas recientes que han erosionado la capacidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para sancionar infracciones, dejando a los ecosistemas críticos sin defensa real. Lejos de fortalecer los derechos colectivos, estas normas vacían de contenido la soberanía de los pueblos indígenas y desprotegen a la naturaleza. La Defensoría del Pueblo ha señalado reiteradamente que este marco legal, al priorizar la inversión sobre la fiscalización estricta, vulnera la integridad ecosistémica y los derechos territoriales.

Por ende, votar por planes que prometen más "simplificación" implica avalar un sistema legal que privilegia el beneficio de grandes actores económicos por encima de la vida, consolidando una violencia estructural que profundiza la crisis climática. La justicia climática no se impone mediante decretos de eficiencia operativa; se construye con instituciones robustas, capaces de sancionar el daño ambiental sin privilegios y de garantizar que el desarrollo no sea sinónimo de destrucción.

La trampa del "Cheque Minero"

Resulta alarmante que partidos como Fuerza Popular, con su propuesta de "Canon para el pueblo", y Libertad Popular, mediante el "Cheque minero", apuesten por la entrega directa de recursos económicos como única vía para aplacar el conflicto social. Esta estrategia busca comprar una licencia social operativa sin abordar la raíz del problema. De hecho, ignora que miles de peruanos continúan habitando zonas críticas cercanas a pasivos ambientales afectados por minería ilegal, tala ilícita y contaminación irreversible de cuencas, tal como lo documentan informes recientes de Naciones Unidas. Al reducir la solución a una simple transferencia monetaria, se intenta silenciar el malestar social mientras se perpetúa el daño ecológico de fondo. En consecuencia, las comunidades quedan expuestas a riesgos sanitarios y ambientales que ningún bono inmediato puede mitigar.

Frente a esta lógica cortoplacista, las promesas de desarrollo mediante regalías configuran lo que Ramón Pajuelo (2025) denominó "integración falaz". Lejos de generar bienestar sostenible, esta dinámica crea dependencia económica y debilita el tejido social sin resolver los daños de fondo. Esta crítica se refuerza con el análisis de Martínez-Alier (2021), quien señala que los conflictos surgen cuando hay una distribución desigual de riesgos y beneficios: las ganancias se privatizan, pero los costos ambientales recaen desproporcionadamente sobre las comunidades. Bajo este esquema deficiente, ningún cheque mensual compensa adecuadamente el impacto en una cuenca o la afectación a la soberanía alimentaria.

Por ello, un voto consciente no debe conformarse con la compensación monetaria como única solución, sino exigir que la actividad extractiva se desarrolle bajo normativas estrictas de control, fiscalización robusta y pleno respeto a los derechos territoriales. La meta no es detener el desarrollo, sino evitar que las regiones se conviertan en zonas de sacrificio donde se extrae riqueza a costa de la vida local. La verdadera justicia climática exige que, si hay extracción, esta garantice primero la integridad del ecosistema y el consentimiento de las comunidades, asegurando que el beneficio económico no sea un parche para cubrir la falta de estándares ambientales rigurosos.

La deuda climática con la mujer rural y el agua

El agua constituye el nudo crítico donde convergen todas las crisis socioambientales. El Perú enfrenta una pérdida acelerada de sus glaciares, fenómeno que ya afecta a más del 80% del agua destinada al consumo humano y pone en riesgo la seguridad alimentaria de la nación (INAIGEM, 2023). Aunque existe un consenso retórico sobre la necesidad de "sembrar y cosechar agua", las diferencias reales radican en su gobernanza: mientras el bloque tecnocrático concibe el agua principalmente como un insumo para la agroexportación, otras fuerzas la reivindican como un derecho inalienable. Esta distinción es crucial porque los territorios hidrosociales son, ante todo, disputas de poder donde quien decide el flujo del agua decide el futuro del territorio.

No obstante, la interseccionalidad de género permanece como el gran vacío en la propuesta electoral actual. La mujer campesina e indígena es la principal gestora del agua para la subsistencia familiar, pero paradójicamente sigue siendo la última en recibir títulos de propiedad formal sobre la tierra que trabaja.

A la fecha, solo propuestas como las de Buen Gobierno y Perú Primero han incluido metas cuantificables de adaptación climática dirigidas específicamente a mujeres productoras, destacando entre una oferta que mayoritariamente ignora esta realidad. Ignorar este factor no es un descuido técnico, sino una falla ética que condena a las comunidades a construir una resiliencia incompleta. La estabilidad democrática del Perú depende de su capacidad para integrar a sus poblaciones vulnerables en la toma de decisiones; excluir a la mujer rural equivale a ignorar a la principal garante de la seguridad alimentaria frente al clima. Modificar esta dinámica patriarcal y extractivista requiere más que cuotas de participación; exige una reestructuración radical de nuestra relación con la naturaleza y con los cuerpos feminizados que la sostienen diariamente.

A manera de cierre: El voto como defensa del territorio y la vida

Votar el 12 de abril de 2026 trasciende la preferencia partidaria; es una decisión sobre qué tipo de desarrollo queremos construir. No se trata de oponerse a la actividad extractiva, sino de exigir que esta opere bajo normas estrictas que prioricen la protección de nuestros glaciares, bosques y comunidades sobre la velocidad de la inversión. Un gobierno central que debilita la fiscalización ambiental o flexibiliza los estándares de protección deja sin herramientas a las autoridades subnacionales (gobiernos regionales y alcaldías), condenándolas a gestionar crisis con las manos atadas, por más voluntad política que tengan. Por ello, el voto nacional es la primera línea de defensa: elegir un plan que ignore la intangibilidad de las cuencas o la soberanía alimentaria es permitir que los intereses cortoplacistas definan nuestro futuro común.

En última instancia, nos enfrentamos a una disyuntiva fundamental: ¿estamos diseñando nuestras instituciones para la acumulación de capital o para la sostenibilidad de la vida? El clima no vota, pero las generaciones futuras heredarán las consecuencias de nuestra decisión en la urna. Abstenerse no es neutralidad, es ceder a otros el poder de decidir el destino del territorio. Votar con criterio es asumir la responsabilidad de construir un Perú donde la economía sirva a la vida, garantizando que el progreso no sea sinónimo de destrucción, sino de continuidad y dignidad para todos. ¿Será el Perú del 2031 un territorio vibrante o un mapa de naturaleza contaminada? La respuesta está en tus manos.

Referencias bibliográfica 

Defensoría del Pueblo. (2024). Informe anual de la Defensoría del Pueblo. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2025/05/informe_anual_2024-3.pdf 

Gudynas, E. (2015). Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. CLAES  y CEDIB. https://www.cedib.org/wp-content/uploads/2015/03/Extractivismos-Gudynas.pdf 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña [INAIGEM]. (2023). Memoria descriptiva del Inventario Nacional de Glaciares y Laguna de Origen Glaciar del Perú. Dirección de Investigaciones en Glaciares (DIG). https://hdl.handle.net/20.500.12748/499 

Jurado Nacional de Elecciones. (2025). Plataforma Electoral. https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros 

Martínez-Alier, J. (2021). El ecologismo de los pobres: Conflictos ambientales y lenguajes de valoración (6^a ed.). Icaria Editorial. 

Pajuelo, R. (2025). La integración falaz: exploraciones sobre etnicidad, indígenas y nación en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos. 

*La opinión expresada es personal a la autora y no representa la postura institucional de

Entornos por el Buen vivir.